Esos documentos tienen que ser ratificados ahora en los plenos de los ayuntamientos y luego de manera definitiva en la institución provincial.
Se ha aprobado de manera inicial, con el voto a favor de todos los grupos políticos, la renovación de los estatutos del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y del Consorcio Provincial del Agua. Estos documentos serán sometidos a la ratificación en los plenos de los ayuntamientos consorciados, y posteriormente recibirán la aprobación definitiva de la Diputación de Málaga.
“Estamos muy satisfechos por haber logrado este consenso que da estabilidad y refuerza el papel fundamental que prestan los consorcios en beneficio de los ciudadanos de la provincia, especialmente en los municipios medianos y pequeños”, ha declarado el diputado provincial y presidente de ambos consorcios, Luis Rodríguez.
El nuevo estatuto del Consorcio Provincial del Agua incluye dos novedades importantes que buscan mejorar la gestión del ciclo del agua. Por un lado, la entidad podrá destinar sus recursos a inversiones y no solo a la gestión y mantenimiento de instalaciones; por otro lado, se establece una exención del pago de todos los municipios consorciados durante un periodo de doce meses desde que se reciba la aprobación definitiva de los estatutos.
En relación al Consorcio Provincial de RSU, se ha anunciado que la Diputación aumentará su aportación para los municipios con menos de 20.000 habitantes. Este incremento se realizará gradualmente: en 2026 alcanzará el 40% de la aportación total; en 2027, será del 60%; en 2028, del 80%; y en 2029 y años posteriores, el 100% de esa aportación.
Rodríguez explicó que las cantidades correspondientes a cada municipio podrán ser utilizadas en forma de inversiones, apoyándose en un catálogo que ofrecerá diferentes servicios de gestión y tratamiento de residuos. Esto incluye la recogida de residuos mediante sistemas como el puerta a puerta, el manejo de enseres domésticos y eléctricos, así como la gestión de aceites.
Los ayuntamientos tendrán la posibilidad de invertir en equipamiento y maquinaria, así como en software y sistemas que optimicen el funcionamiento de la gestión de residuos conforme a la legislación vigente. Específicamente, se atenderá a la Ley 7/2022, de 8 de abril, que busca fomentar una economía circular en el tratamiento de desechos.
Además, se establecerá una mesa provincial de residuos que contará con representación de todos los grupos políticos. Este espacio se reunirá periódicamente, facilitando la atención a las necesidades específicas de cada comarca. Se redactará un plan estratégico provincial de residuos que servirá como guía para la planificación y realización de inversiones en los distintos territorios.
Consorcios y municipios que los integran
El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos es un organismo que gestiona la recogida, transferencia y tratamiento de residuos en 91 municipios de la provincia de Málaga. Por su parte, el Consorcio Provincial del Agua de Málaga se compromete a una gestión integral del ciclo del agua. Este consorcio presta servicios de mantenimiento y conservación de instalaciones de depuración en 47 municipios, beneficiando a una población aproximada de 155.000 habitantes.
La reciente aprobación de los nuevos estatutos representa un paso decisivo hacia una colaboración más efectiva entre los distintos niveles de gobierno en la gestión de recursos básicos para la población. Con el apoyo de todos los grupos políticos, se espera que este cambio genere una mayor confianza en las instituciones.
Con estas reformas, se pretende que los recursos se enfoquen en una gestión más adecuada y sostenible, garantizando así un mejor uso de los fondos públicos destinados a servicios básicos. Esto tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en aquellos municipios más pequeños que a menudo carecen de recursos suficientes para gestionar eficazmente sus propios residuos.
El éxito de estas iniciativas dependerá en gran medida de una adecuada implementación y seguimiento de las decisiones tomadas en el ámbito provincial. A medida que se vayan poniendo en marcha las nuevas disposiciones, será esencial contar con la participación activa de los ciudadanos y los representantes locales.
En conclusión, la modernización de estos estatutos abre la puerta a un modelo de gestión más colaborativo y orientado al futuro, donde la sostenibilidad y la eficiencia sean pilares fundamentales. Así, se busca no solo mejorar el servicio actual, sino también preparar a la provincia para los retos que se avecinan en el ámbito de la gestión de residuos y agua.
Es fundamental que, a partir de ahora, todos los sectores implicados trabajen de manera conjunta y coordinada. Solo así se podrá garantizar un entorno más limpio y saludable para las próximas generaciones. Con los avances que se vislumbran, el futuro de la gestión de residuos y recursos hídricos en Málaga puede trazarse con optimismo.
