Un total de 37 personas han sido detenidas en varias provincias de España, incluyendo Valencia, Málaga, Murcia, Castellón y Alicante, destacando que nueve de ellas permanecen en prisión provisional.
La colaboración entre agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha resultado en la liberación de 162 mujeres, víctimas de una organización criminal que supuestamente se dedicaba a la explotación sexual. Este grupo adquiría inmuebles y los transformaba en prostíbulos. En la operación, 37 personas fueron detenidas, de las cuales 22 en Valencia, cuatro en Málaga, cuatro en Murcia, cuatro en Castellón y tres en Alicante. Los registros abarcaron siete provincias distintas.
Todo comenzó cuando tres víctimas presentaron denuncias relativas a su situación de explotación sexual en diferentes localidades españolas. Este testimonio sirvió como catalizador para que los investigadores comenzaran a desentrañar la red criminal, que operaba principalmente en la Comunidad Valenciana pero que también había extendido su actividad a otras provincias como Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.
La organización criminal tenía como objetivo la captación de mujeres provenientes de Sudamérica, tanto dentro de España como en sus países de origen. Muchas de estas mujeres estaban en situaciones de vulnerabilidad y carecían de permisos de residencia y trabajo, lo que las hacía especialmente susceptibles a ser forzadas a ejercer la prostitución.
Reformas de locales para la prostitución
Para llevar a cabo sus actividades delictivas, la organización compraba o alquilaba inmuebles mediante empresas creadas específicamente para este fin, presentándolos como centros de masajes. Los locales eran principalmente viviendas unifamiliares o locales comerciales, donde miembros de la organización realizaban reformas para acondicionarlos como lugares de trabajo para las víctimas, que muchas veces vivían en condiciones infrahumanas.
Dentro de cada inmueble, había encargadas disponibles las 24 horas, encargadas de vigilar a las mujeres, cobrar a los clientes y, en ocasiones, entregar sustancias extradrogas. Estas encargadas también gestionaban las llamadas y mensajes de las líneas vinculadas a los anuncios de prostitución en diferentes páginas web, informando a sus superiores sobre las actividades.
Condiciones de vida deplorables
Las mujeres solo podían salir dos horas al día y siempre debían estar disponibles para atender a los clientes. Los líderes de la organización monitoreaban las actividades en tiempo real a través de un sofisticado sistema de video vigilancia dentro de los inmuebles. La organización se quedaba con el 50% de las ganancias generadas, dejando a las víctimas con la otra mitad, aunque estas podían ser sancionadas por cualquier desacato.
Las víctimas eran trasladadas entre diferentes locales según las necesidades de la red criminal. Se constató que la organización había comenzado a expandirse a comunidades como Cataluña, Murcia y Málaga, abriendo nuevos lugares dedicados a la explotación sexual.
Una red estructurada y jerárquica
La investigación reveló que la organización tenía una estructura claramente definida en tres niveles. En la cima estaban los líderes, quienes eran propietarios o arrendatarios de los inmuebles. El segundo nivel incluía a personas de confianza, responsables de la supervisión de los locales y de la recaudación de ingresos. El tercer nivel abarcaba a las encargadas que controlaban a las víctimas, así como a conductores y reformistas de los locales.
La operación culminó con la entrada y registro de 39 inmuebles en varias provincias, incluyendo domicilios de los principales responsables de la organización. Se incautaron 141,000 euros en efectivo y tres vehículos durante esta acción.
Investigación sobre blanqueo de capitales
Paralelamente, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria inició una indagación sobre el patrimonio de la organización, identificando a las personas que controlaban las empresas utilizadas para canalizar las ganancias provenientes de su actividad ilegal. Esta investigación sigue en curso y se centra en la información bancaria obtenida durante los registros.
Los agentes encontraron numerosos documentos que detallaban la contabilidad de cada local, así como ordenadores que contenían información relevante para la organización. También fue clave el bloqueo de propiedades y cuentas bancarias vinculadas a los involucrados en el caso, asegurando la posibilidad de decomisar estos bienes más adelante.
Con la trata, no hay trato
La Policía Nacional ha establecido una línea telefónica, 900105090, y un correo electrónico para facilitar la colaboración ciudadana en la denuncia de delitos relacionados con la trata de personas. Las denuncias son anónimas y no se reflejan en las facturas telefónicas, lo que buscan fomentar la participación de la ciudadanía en luchar contra estas prácticas inhumanas.
